Sevilla, 14 de enero de 2010

Impedir el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular supone negar derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente como el acceso a la educación o a la sanidad

Ante la polémica decisión del  Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular, la Fundación Bayt al-Thaqafa de Barcelona y Andalucía Acoge expresan su rechazo a esta medida al considerar que es claramente ilegal y que supone negar el acceso de estas personas a derechos constitucionalmente reconocidos. Esta conducta es constitutiva cuando menos de un acto discriminatorio administrativo de los contemplados en el artículo 23 de la Ley de Extranjería (LOEX), conducta para la que se prevé fuertes sanciones económicas.

Para justificar esta medida, el equipo de gobierno de este Ayuntamiento hace referencia al artículo 25 de la LOEX donde se recogen los requisitos para la entrada de personas extranjeras a España, siendo necesario para ello pasaporte con visado en vigor. Este requisito no tendría validez en el caso del empadronamiento de personas extranjeras para el que, según el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, sería suficiente la presentación del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. De esta manera, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a cualquier persona que viva en el lugar, independientemente de su situación administrativa, premisa que queda clara en la última redacción del artículo 6 de la LOEX que afirma que “Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos”, evitando intencionadamente la referencia a la residencia legal como requisito.

Según estas dos entidades sociales, esta medida que pretende aplicar el Ayuntamiento de Vic esconde además una estrategia de cara a las próximas elecciones. Estrategia peligrosa pues se vuelve a utilizar la inmigración para conseguir réditos electorales planteando un discurso demagógico que, en vez de centrar el debate en propuestas integradoras, sólo consigue alentar el crecimiento de posturas xenófobas. Además, este tipo de polémicas estériles abundan en la división social y en la discriminación del colectivo de personas inmigrantes.

Contacto Andalucía Acoge: Lourdes Rodríguez López.- 616 580 563. comunica@acoge.org

Contacto Bayt al-Thaqafa: Carla Soto Echániz.- 933198869. juridic@bayt-al-thaqafa.org

Sevilla, 18 de diciembre de 2009

Andalucía Acoge reclama medidas para la integración real de las personas inmigrantes

En el Día Internacional del Migrante, Andalucía Acoge reivindica una mayor protección social para la población inmigrante, así como el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

En el marco de la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, se denuncia desde la entidad el carácter restrictivo de la misma al no respetarse derechos esenciales de la población inmigrante, especialmente los de las personas en situación administrativa irregular. Esta Ley, lejos de garantizar derechos universales como el acceso a la educación o a vivir en familia, “criminaliza a la persona inmigrante y la coloca en un plano meramente instrumental, creando además diferencias entre la población inmigrante dependiendo de su situación administrativa”, según Manmen Castellano, presidenta de Andalucía Acoge. Las medidas adoptadas en esta Ley deberían ir encaminadas a conseguir la plena ciudadanía de cualquier persona inmigrante. Sin embargo, el recorte en el acceso a la educación por el que se impide, por ejemplo, a mayores de 18 años sin permiso de residencia el acceso a la educación superior; o las restricciones a la reagrupación familiar, por las que una persona inmigrante no puede reagrupar a sus padres a menos que tengan más de 65 años y haya permanecido en España más de cinco años, son trabas de un texto que ha endurecido el régimen sancionador, primando ese aspecto sobre la integración real del inmigrante.

Según datos del INE, existen actualmente en España 5.598.691 personas extranjeras que suponen el 12% del total de la población, de los que 668.093 se encuentran en Andalucía. Según estimaciones de la entidad, existirían en España más de 800.000 personas en situación irregular, por lo que se hace necesario apostar por la cohesión social, adoptando medidas que faciliten la integración en estos momentos de crisis, como flexibilizar la renovación de las tarjetas de residencia y trabajo a la población extranjera con la idea de no engrosar las cifras de personas en situación irregular que dificulte aún más el acceso a un puesto de trabajo.

La celebración del Día Internacional del Migrante, vigente desde el año 2000, tiene su origen en la resolución de la ONU del día 18 de diciembre de 1990, por la que se adoptó la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus familiares, que aún no ha sido ratificada por el Estado español. Para Andalucía Acoge es necesario además que se haga realidad esa confirmación al tratarse de uno de los instrumentos más importantes de reconocimiento y garantía de derechos para personas inmigradas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2009

Andalucía Acoge inicia por quinto año su trabajo para promover la convivencia en centros educativos públicos andaluces

Desde el comienzo del presente curso escolar, la Federación Andalucía Acoge desarrolla un proyecto de Mediación Social Intercultural en 50 centros públicos andaluces.

El proyecto “Mediación Social Intercultural desde los centros educativos andaluces” se pone en marcha un año más durante el curso escolar 2009-2010. Este proyecto, que se inició en 2006 a través de convenios de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha permitido trabajar durante todo este tiempo con más de 100 centros públicos de educación primaria y secundaria de todas las provincias de Andalucía. Desde Andalucía Acoge se ha venido trabajando la mediación social intercultural impulsando líneas de actuación y reflexión teórica de forma pionera.

Este año desarrollaremos el trabajo de mediación intercultural contando con 10 mediadores/as sociales interculturales que trabajarán en 50 centros educativos andaluces. Todos ellos repartidos en algo más de 20 municipios de las 8 provincias andaluzas.

En la actualidad este proyecto tiene los siguientes objetivos

·         Promover una convivencia intercultural positiva desde el ámbito escolar, a través de la mediación social intercultural como herramienta.

·         Promover cambios con la comunidad educativa adecuados a la realidad socio cultural de sus aulas.

·         Crear ambientes a partir de la diversidad cultural existente que permita el reconocimiento de todo el alumnado, independientemente de su origen.

·         Crear espacios de encuentro entre familia, escuela y barrio que favorezcan una mejor comunicación y entendimiento.

Las líneas de actuación, en consonancia con las realidades locales, y a grandes rasgos, son las siguientes:

·         Colaboración con el profesorado de los centros educativos mediante la facilitación de herramientas metodológicas para el mejor desarrollo de la tarea docente en contexto de diversidad cultural y social.

·         Trabajo de mediación en casos específicos.

·         Actuaciones de sensibilización intercultural.

·         Participación en espacios formativos relacionados con la educación y mediación intercultural.

·         Conexión de la intervención con el entorno comunitario.

·         Organización de actividades para trabajar con las familias  del alumnado: tanto con las familias de origen extranjero, como las familias del alumnado autóctono.

Este programa, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  obtuvo en 2007 el Premio Andalucía Migraciones en la modalidad de programas educativos y de sensibilización. Durante el año 2008, salió a la luz “Tendiendo Puentes. Experiencias de Mediación Social Intercultural en el ámbito educativo” que presentaba diferentes experiencias de trabajo en el contexto educativo desde la perspectiva de la mediación social intercultural.

 SE APRUEBA UNA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA QUE RESTRINGE DERECHOS FUNDAMENTALES

La nueva Ley de Extranjería retrocede hacia posiciones que dificultan la integración efectiva de las personas inmigrantes

 Ante la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, que ha tenido lugar el 26 de noviembre, las organizaciones sociales CEAR-SUR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Andalucía Acoge y Cáritas Regional de Andalucía exponen su rechazo al conjunto de una reforma que recorta las garantías constitucionales a la población inmigrante y se alinea con la política restrictiva europea en materia de inmigración.

Durante todo el proceso de reforma, estas tres entidades han trabajado conjuntamente basando sus objeciones en cuatro ejes: una política de inmigración que se regula respondiendo a la crisis, el cambio en la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, el refuerzo de la percepción del inmigrante como mercancía y la criminalización de la persona inmigrante, en especial la que está en situación administrativa irregular.

Lo aspectos más denunciados han sido el recorte en el acceso a la educación por el que se impide, por ejemplo, a mayores de 18 años sin permiso de residencia el acceso a la universidad; o las restricciones a la reagrupación familiar, por las que una persona inmigrante no puede reagrupar a sus padres a menos que tengan más de 65 años y haya permanecido en España más de cinco años. También, ha tenido especial relevancia la ampliación del periodo de internamiento en los CIEs, que a partir de ahora será de 60 días. En Andalucía, se estima que existen actualmente 80.000 personas en situación administrativa irregular, “todos ellos se verán afectados por una Ley que ha endurecido el régimen sancionador primando ese aspecto sobre la integración del inmigrante”, según Mikel Araguás, Secretario General de Andalucía Acoge.

En el último tramo parlamentario se han incluido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración, como ha sido la introducción del vago concepto de “esfuerzo de integración” como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, o las trabas de acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo. En esta Ley, “se vincula la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país, retrocediendo hacia posiciones que dificultan la integración y el principio de igualdad de trato”, según Ricardo García, responsable de sensibilización de CEAR Sur, para el que además es especialmente sangrante que se siga abriendo expediente de expulsión a las víctimas de violencia de género en situación irregular. Cualquier obstáculo que impida que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado. Aunque este expediente de expulsión se mantenga en suspenso hasta que se resuelva el proceso de violencia, se convierte en un impedimento real para la denuncia, generando una doble discriminación.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009

Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género: por una protección efectiva

En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Andalucía Acoge reivindica un trato en igualdad de condiciones para las víctimas extranjeras

La Ley orgánica contra la Violencia de Género contempla medidas encaminadas a proteger a las víctimas de violencia de género, pero cuando estas víctimas son mujeres extranjeras tenemos que remitirnos además a la Ley de Extranjería donde no siempre se hacen efectivas estas medidas reconocidas, primando la condición de mujer inmigrante sobre la de mujer víctima de violencia de género.

En este sentido, Andalucía Acoge lamenta que en la inminente reforma de la Ley de Extranjería, se siga manteniendo la práctica de abrir un expediente de expulsión a las víctimas extranjeras de violencia de género en situación irregular. Consideramos que, sobre el interés público protegido por la normativa sancionadora de Extranjería, prima la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, cuya protección pasa por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado, evitando así una doble discriminación.

No obstante, se valora positivamente que se contemple en esta reforma para la mujer víctima de violencia de género una autorización provisional de residencia y trabajo, lo que deberá hacer posible el acceso de estas mujeres a los Servicios Públicos de Empleo, y en particular, a las ayudas sociales y económicas reconocidas por la Ley.

Madrid, 28 de septiembre de 2009.- Más de 500 organizaciones de todo el Estado se han adherido a las propuestas presentadas por Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge ante la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), y comparten las objeciones a un proyecto que, como se señaló públicamente el pasado 16 de septiembre durante un encuentro con los medios de comunicación, “nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”.

Hasta la fecha, han confirmado sus adhesiones la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), de la que forman parte 52 organizaciones; la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que integra a más de 400 entidades de toda España; el Servicio Jesuita a Migrantes–España, del que forman parte 10 entidades de ámbito estatal; la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, formada por 25 organizaciones catalanas; la Xarxa Per la Inclusió Social-EAPN Illes Balears; y la Red Navarra de la EAPN (European AntiPoverty Network), que integra a 23 entidades de la Comunidad foral. Asimismo, se han sumado a la propuesta la Unión Sindical Obrera (USO), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), IEPALA, Save the Children, la Asociación Martín Fierro de Valencia y la Asociación Semilla.

Las objeciones de CEAR, Acoge y Cáritas a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, se presentó el 16 de septiembre en Madrid, la víspera del debate en el Congreso del proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de junio. En ese documento, además de recordar las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma, se identifican serias objeciones al proyecto.

CEAR, Acoge y Cáritas alertan, junto a las más de 500 plataformas y organizaciones que apoyan su posicionamiento, sobre “los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Para todas estas entidades, el Proyecto de reforma supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

El emigrante no es un delincuente

“No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente” se asegura en el documento de propuestas liderado por CEAR, Acoge y Cáritas, que abogan por una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración.

Para las organizaciones que secundan el documento, la reforma, en vez de optar por un modelo restrictivo de derechos, debería servir para transmitir a toda la sociedad “un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”.

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Andalucía Acoge consideró hoy “peligroso, poco afortunado y fuera de
lugar” que la Comunidad de Madrid haya presentado ante el Tribunal
Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que
reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería y que permite a las
comunidades autónomas como Andalucía conceder permisos de trabajo a
extranjeros.

   En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la
organización, José Miguel Morales, aseguró estar “preocupado” por el
hecho de que “se estén utilizando políticamente cuestiones que al final
afectan a la posibilidad de que personas inmigrantes puedan vivir en
España o no”.

   “Esta lucha entre comunidades autónomas de distinto signo
político  pone en peligro, por un lado, la línea de trabajo basada en la
integración de inmigrantes a través de los permisos de trabajo, y por
otro, pone de manifiesto que se utiliza la inmigración con fines
partidistas, instrumentalizándose el problema”, aseveró.

   Asimismo, Morales aseguró que Andalucía Acoge no “entiende que, de
este tema en concreto, se haga una batalla legal”, aunque admitió que,
“por suerte o por desgracia, esto es ya habitual en nuestro país”. “En
el fondo estamos hablando de los derechos de unos ciudadanos que vienen
a nuestro país y que quieren acceder a un permiso de trabajo, que es la
vía de entrada a la integración de estas personas”, puntualizó.

Al parecer, permitir entrar en España a los españoles va en contra de la lógica. Curioso concepto de lógica mantenida por el ministro del Interior.

Al objeto de ayudarle en tan ardua tarea, procedemos a recordarle esas leyes que Rubalcaba debe retocar para aplicar su lógica. 1º. Artículo 19 de la Constitución española que reconoce, entre otros, a los españoles el derecho a entrar en España.

2º. Unos cuantos artículos del Código Civil: artículo 110 que obliga al padre y a la madre, aunque no ostenten la patria potestad, a velar por sus hijos y prestarles alimentos, art. 143-2º, que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos, art. 154, que impone a los padres el deber de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

Tampoco está de más recordar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de enero de 2005, no parece compartir la lógica del ministro cuando, revocando la expulsión de una ciudadana brasileña, madre de un menor español dijo: “Ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno y que, en consecuencia, pueda expulsarse a la madre de España como una simple extranjera y quede en España el menor con todos sus derechos, pero sólo y separado de su madre”.

Quizás quiera cambiar también Rubalcaba la composición del Tribunal Supremo, que le tacha de tener poco sentido común. ¡Si Montesquieu levantara la cabeza…!

Por último, y como quiera que la apelación a la política ¿común? europea en materia de inmigración pudiera ser la excusa perfecta para justificar el atropello de no dejar entrar a un español en España, resulta necesario recordar que la actuación de la Policía española, si impidiese entrar en territorio nacional a un menor de edad, nacional de un país comunitario, que viniese acompañado de su madre extranjera, supondría una vulneración del derecho a la libre circulación comunitaria que ostenta cualquier ciudadano comunitario y el derecho comunitario derivado del que es titular su madre. No olvidemos que España ya ha sido condenada también en varias ocasiones por vulnerar el derecho a la libre circulación comunitaria, pero no demos más pistas al ministro que quizás también quiera cambiar a los miembros del Tribunal de justicia de la Unión Europea

Deberá el ministro, por tanto, y para aplicar su lógica, modificar el tratado de la Unión, pero afortunadamente no tiene ahora las mayorías necesarias para ello.

Esta situación debemos ponerla en relación con el proyecto de reforma de la ley de extranjería que aprobó el Consejo de Ministro hace unos días, en donde se refuerzan las sanciones para quienes inviten a extranjeros a venir a España y luego éstos no regresen, las restricciones a la reagrupación familiar de los ascendientes de los extranjeros residentes legales, la ampliación del plazo de los internamientos para los extranjeros que van a ser expulsados, la eliminación del derecho a la educación para los mayores de 18 años que el Tribunal Constitucional hace dos años reconoció y las restricciones al derecho de defensa, limitando las posibilidades para que estos pueden acudir a los tribunales para defender sus derechos ante resoluciones de la administración.

Es lógico, señor ministro, si alguna ley le ha dado algún revolcón, cámbiela. Así acabará con el poder soberano de la misma.

(*) José Luis Rodríguez Candela es responsable del equipo jurídico de la Federación Andalucía Acoge.